Visto
desde el lugar de las personas que deciden asumir funciones dentro de un
consejo comunal, la rendición de cuentas es un deber. Y desde la óptica de los
demás ciudadanos en la comunidad, se trata de un derecho que poco se asume, por
ignorancia o apatía.
Revisar cuentas implica chequear facturas,
cronogramas de trabajo y resultados reales, entre otras cosas. En el ámbito
vecinal, esta práctica debe ejecutarse por medio de las asambleas de
ciudadanos, “la máxima instancia de deliberación y decisión para el ejercicio
del poder comunitario, la participación y el protagonismo popular”, según lo
describe la Ley Orgánica de Consejos Comunales (LOCC, Art. 20).
No
obstante la precisión, auditorías efectuadas sobre la gestión de los consejos
comunales, por la Contraloría General de la República (CGR), indican que la
rendición de cuentas es omitida en algunos casos. Y esto desemboca en un hecho
más complejo: en tanto los ciudadanos no exijan información, aumenta la potencialidad
de la corrupción.
Los
consejos comunales están sujetos a la supervisión de la CGR y a la contraloría
social, figura establecida en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de
Consejos Comunales).
Si
bien la Contraloría entiende que todavía no puede proceder en un consejo
comunal como lo haría en un organismo del Estado, lo cierto es que comenzó a
auditarlos desde 2007. Lamentablemente, es un hecho que hay fallas de varios
tonos.
LOS
INFORMES
En 2012,
las contralorías estadales auditaron 87 consejos comunales. Gran parte de los
expedientes de obras ejecutadas carecen de suficiente información que permita
establecer el uso y destino de los recursos, amén de las asambleas de
ciudadanos para la rendición de cuentas, cuyas actas no figuran.
Veamos
este caso. Un solo expediente auditado a cierto consejo comunal en Carabobo,
que recibió más de 2 millones de bolívares para construir 30 viviendas, refirió
estas irregularidades: “74 facturas por un total de Bs 48.384,38 son ilegibles;
hay Bs 7.672,8474 en gastos no vinculados con el desarrollo del proyecto por
concepto de alimentos y bebidas, tarjetas telefónicas, consultas médicas y
medicinas; Bs 5.002,50 por concepto de traslado en taxi, no indican el nombre y
cédula de identidad del beneficiario, así como el destino y actividades por
realizar” (Pag. 42 del Informe 2012 de la CGR, disponible en www.cgr.gob.ve).
La
contralora general, Adelina González, ha informado que la CGR tiene especial
interés en orientar la corrección de esas fallas. “Fuimos a los consejos
comunales porque esa es una estructura que está adquiriendo vida y queremos que
siga siendo viable, por eso hemos hecho un gran esfuerzo y tenemos 30 mil
voceros y voceras capacitados por la Contraloría”, informó durante una
entrevista con Ciudad CCS el pasado 17 de junio.
Algunas
irregularidades tienen su respuesta en agentes externos, contratados por los
mismos organismos que asignan los recursos a los consejos comunales.
“Son
los mismos mafiosos de siempre; las empresas y los individuos que antes
conseguían los contratos en las alcaldías, se han ido a tratar de embaucar a
los consejos comunales”, amplió González.
En
otros episodios, la responsabilidad apunta directamente a los integrantes del
consejo. Por ejemplo, figuraron organizaciones donde las personas con firma
autorizada y los administradores eran del mismo grupo familiar, o donde un
vehículo comprado con recursos públicos estaba registrado a nombre de un
vocero.
Hay
otro elemento de peso. La eficiencia de las instituciones creadas para
acompañar a los consejos comunales en la ejecución de proyectos también debe
ser revisada.
Entre
las recomendaciones planteadas por los auditores, éstos indican que
Fundacomunal, adscrita al Ministerio para las Comunas y Protección Social,
“debe ser más eficiente en la verificación y evaluación de proyectos” y en “el
acompañamiento y la formación en materia técnica y administrativa”.
RECTIFICAR
O REVOCAR
Exigir
más información sería un buen comienzo para subsanar desviaciones. La Ley
contra la Corrupción consagra el derecho de todos los ciudadanos a solicitar
cualquier dato sobre la administración del dinero público, con excepción de los
documentos relativos a la seguridad nacional (Arts. 8 y 10).
Los
auditores especializados en este ámbito han sugerido igualmente constituir
comisiones que dominen el adecuado manejo de trámites administrativos, como la
contratación de bienes y servicios.
La
contraloría social puede ser ejercida por todas las personas, individualmente o
en colectivo. Para conocer detalles del procedimiento basta consultar la Ley de
Contraloría Social, específicamente los artículos 9 al 13.
Las
denuncias ante la CGR deben hacerse a través de las oficinas de Atención al
Ciudadano, habilitadas en las contralorías estadales.
En
última instancia, soportar la gestión ineficiente de un consejo comunal o, en
todo caso, poco dispuesto a la rectificación, no es obligatorio. Existe la
posibilidad de revocar a los voceros . Las causales de revocatoria y el modo de
proceder se explican entre los artículos 38 y 42 de la Ley Orgánica de los
Consejos Comunales.
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Habla
un vocero: “Nos da flojera leer”
Rolando
Rojas es integrante del consejo comunal Necesario es vencer, en la parroquia
Antímano.
Este
luchador y creyente del Poder Popular opina que las prácticas irregulares en
las organizaciones de base decrecerían considerablemente si cada ciudadano se
interesara más por informarse y conocer las leyes.
“Es
ahí (en las leyes) donde está todo, lo que nos dejó nuestro Comandante (Hugo
Chávez), cómo organizarnos, cómo tomar decisiones, cómo administrarnos, la
contraloría social. Todo lo dejó allí. Yo creo que hay mucho desinterés en
leer, de formarnos. Es más sencillo que una persona sin valores pueda cometer
un ilícito en un consejo comunal cuando la gente no se preocupa por estar
informada, por saber cómo funcionan o deberían funcionar nuestras
organizaciones. Hay una Ley de Contraloría Social, y allí dice que podemos
hacerle seguimiento a la gestión de las instituciones del Gobierno, a los
consejos comunales, a todo el mundo, pero no, nos da flojera leer. Por ejemplo,
las cinco leyes del Poder Popular (Ley Orgánica del Poder Popular;
Planificación Popular; de las Comunas; Contraloría Social; y Economía Comunal,
promulgadas en 2010) fueron distribuidas, las tiene todo el mundo, entonces hay
que sacarlas de donde están guardaditas porque allí no hacen nada ”.
La
recomendación aplica para los casos en que los ilícitos ocurren por ignorancia
o con todo propósito.
El Comandante
Eterno, Chávez, creía firmemente que las comunidades son capaces de administrar
recursos transferidos por el Estado, incluso con más eficiencia que una
alcaldía. Llegó a decir que la participación directa del pueblo en la gestión
pública, o sea, el Poder Popular, “era el más grande logro de la Revolución”.
Bien valdría honrar su fe.
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Fundacomunal:
“Necesitamos que otros actores se sumen”
Voceros
de consejos comunales e informes de las contralorías estadales sostienen que
Fundacomunal ha descuidado la esencia de su misión, que es acompañar a los
gobiernos de base en la elaboración y ejecución de proyectos.
La
administración de Fundacomunal espera girar el timón hacia la eficiencia con
una nueva gestión, asumida desde hace dos semanas por Joel Alfonso, un joven
gerente que trae en su portafolio la conducción de Infocentros. “Ciertamente
hemos recibido denuncias que indican que hay ciertas irregularidades cometidas
por parte de algunos servidores públicos; eso es parte de lo que hemos estado
revisando desde que llegamos a la institución. El Gobierno de Calle (iniciativa
que planteó el presidente Nicolás Maduro y moviliza a todo el Gabinete
Ejecutivo hacia las comunidades) también nos ha servido un poco para ver de
manera directa esas situaciones, porque es un espacio de comunicación directa
con la gente”, admite el responsable.
INSTRUCCIONES
DE CAMBIO
El
ministro de las Comunas y Protección Social (órgano rector de Fundacomunal),
Reinaldo Iturriza, giró instrucciones precisas para corregir fallas.
Alfonzo
cita tales directrices: “El acompañamiento es un proceso que implica estar en
el sitio, presente en la comunidad, apoyando y orientando los procesos de
organización. Tú no puedes hacer acompañamiento desde una oficina, hay que
estar en las asambleas con la gente. Esa es una de las instrucciones. Lo otro
importante es que nosotros, servidores públicos, nos asumamos como parte de un
pueblo en su lucha por mejorar la calidad de vida”.
Algunos
consejos comunales se quejan de recibir malos tratos por parte de los
promotores. A su vez, promotores consultados aseguran que no reciben el apoyo
institucional para movilizarse, entre otros sinsabores.
“No
desconocemos el trabajo de los promotores, aunque hay que mejorarlo, tal vez
desde la formación y la motivación. Asumir esas críticas es parte de
reinventarnos para seguir avanzando”, responde Joel Alfonzo, y aprovecha para
referir más tareas encomendadas por su ministro rector:
“Otra
de las orientaciones es revisar la eficiencia en el trabajo de algunos
compañeros y el burocratismo en lo interno de la institución. Si hay que hacer
cambios, estamos con toda la disposición de hacerlo. Ya hemos visitado algunos
estados y nos hemos reunido con distintas dependencias de Fundacomunal aquí en
Caracas, incluyendo la sede que tenemos en El Guarataro, donde se han generado
múltiples quejas”.
No
obstante, acota que generar un cambio positivo amerita el apoyo de distintos
actores.
“Tenemos
alrededor de 3 mil promotores a escala nacional, es un número importante,
aunque quizá no es suficiente para los 42.900 consejos comunales registrados en
todo el país. Se necesita que otros actores se sumen, que otras instituciones
acompañen, y que los consejos comunales con cierta experiencia consolidada,
aporten su experiencia.
MOLINOS
DE VIENTO
Alfonzo
se ha rodeado de un equipo dispuesto a luchar contra vicios establecidos. Uno
de ellos es Oscar Contreras, director general designado. “Le he dicho a Joel
que no podemos pasar por aquí sin pena ni gloria. En todo caso, si salimos sin
lograr los objetivos, que lo hagamos por haber tratado de luchar contra un
molino de viento, pero no por adaptarnos y acostumbrarnos a una lógica
aborrecible (el burocratismo) que ya no aguanta más”, confiesa Contreras.
Este
equipo pone a disposición el correo eficienciafundacomunal@gmail.com, a
sabiendas de que recibirán “aluviones de denuncias”, y decreta dos sacramentos:
1) Ningún consejo comunal debe darle dinero a ningún funcionario para ninguna
gestión. 2) Todos los ciudadanos tienen el deber de hacer contraloría social.
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“El
acompañamiento institucional ha fallado”
Geovany
Rojas ha sido elegido por tres períodos consecutivos (cada uno de dos años)
como vocero de Finanzas en un consejo comunal del Distrito Capital. Reconoce
que las organizaciones de autogobierno ciudadano tienen el reto de superar
irregularidades en el manejo de recursos, lo cual explica desde dos causas
fundamentales.
Por un
lado, dice que existe un problema de formación, y por el otro, que las
instituciones deben ser más eficientes en el acompañamiento.
“Si
bien es cierto que los consejos comunales hemos cometido errores, también pasa
que las instituciones del Estado han fallado en ese sentido. ¿Cómo? Pues es que
cuando se hace la transferencia de recursos a un consejo comunal, debería
hacerse el acompañamiento y el control, porque, en la mayoría de los casos, los
voceros no tenemos experiencia en administración o contaduría, esas
herramientas”, explica.
Geovany
asegura que Fundacomunal, despacho adscrito al Ministerio para las Comunas y
Protección Social, encargado de asesorar a los consejos comunales en la
formulación y ejecución de proyectos, ha estado ausente.
“Muchas
veces llamamos a los promotores para que asistan a nuestras asambleas y nos
ayuden a orientarnos, y no llegan, o se quejan de que no les están dando gastos
de movilización, entre otras cosas. Ha pasado también con la Alcaldía de
Caracas y el Gobierno del Distrito Capital, transfiere recursos y no manda al
ingeniero, al fiscal, al promotor”.
No
obstante, también concede que en este año 2013, la presencia de las
instituciones ha sido más constante.
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Prepararse
para hacerlo mejor
La
Contraloría General de la República (CGR) comenzó a desplegar un plan destinado
a formar voceros comunales en el manejo de los recursos y la organización de
información. La contralora Adelina González ha dicho que al menos 30 mil
personas ya recibieron el taller. Voceros que asistieron a este curso
testifican que la utilidad es indudable.
“Aprendimos
muchas cosas que desconocíamos al momento de rendir cuentas, por ejemplo, que
debemos tener foliadas cada una de las facturas; en caso de que alguna se
extraviara, así podríamos saber qué había allí. Al iniciar un proyecto se debe
hacer, con toda rigurosidad, una asamblea de ciudadanos, donde se informe
cuánto dinero nos aprobaron o cuándo se va a iniciar la obra. Y al cierre,
igual, otra asamblea para verificar resultados. Hay que llevar un libro de
gastos, otro de actas y otro de inventario”, detalló Geovany Rojas.
Para
consejos comunales interesados, el taller se puede solicitar a través de las
oficinas de Atención al Ciudadano, en las contralorías estadales.
